Desde 1999, casualmente, existen los artículos 57 y 58 en la Constitución Nacional. Ocho años después, se mantienen inasibles, casi abstractos, porque los honorables diputados de la Asamblea Nacional, muchos de ellos consumados periodistas, no le han dado pista de aterrizaje a algo que, a juzgar por los hechos, no tiene la menor importancia para ellos (y por representatividad supondrán que no la tiene para el país).
Así que Venezuela sigue dependiendo de una Ley de Periodismo anacrónica en todas sus formas y anti revolucionaria en su filosofía excluyente, elitesca.
Comenzando por el propio enunciado de la Ley (Ley de Periodismo), que obvia una realidad tan ineludible como que en Venezuela no hay Escuelas de Periodismo sino de Comunicación Social (situación también contradictoria, pues los periodistas no comunican sino que informan). De modo que si quisiéramos dejar la actual ley tal como es, al menos deberíamos llamarla Ley de la Comunicación Social. La Ley de Periodismo excluye a aquellos que siendo egresados de las universidades, no ofician el periodismo. No tiene, pues, anclaje constitucional lo que hoy conocemos como Ley de Periodismo, lo que sería el primer detalle a corregir y excusa potente para que redactemos una nueva que sean tan, pero tan amplia, que gracias a Dios.
La actual Ley de Periodismo tiene las mismas nociones represivas que el demolido Código Orgánico Procesal Penal (COPP), es decir, el agresor es inocente hasta que el inocente demuestre que es inocente y que el otro es el verdadero culpable.
Es una ley discrecional. El periodista y el empresario de medios están completamente facultados para facilitar a su libre albedrío y entendimiento de su ética cómo, cuándo, de qué manera (y si acaso) el derecho a réplica, que entendido así es un derecho relativo: existe pero no existe.
Por eso fue que el legislador redactó el artículo 58 de la Constitución Nacional del 99, para ponerle coto a los desmanes. Pero nuestros periodistas, expertos redactores, no han redactado una ley que instrumente tanto el 58 como el 57, con lo cual incumplen el mandato constitucional, dicho sea de paso. El derecho a réplica de la Ley de Periodismo que tenemos, es un concepto individual que cada periodista venezolano tiene guardado en un cofre.
El artículo 57 se redactó e incluyó en la Carta Magna del 99 como para darle pista a los asambleístas, en el sentido de garantizarle a la población una protección que siempre es vital, pero hoy más que nunca: la libertad de expresión no es un derecho reducido a los periodistas, implica a toda la ciudadanía. Da pena estar recordando esto, pero hay que hacerlo. Libertad de opinar también aplica para todo el mundo. La Ley de Periodismo vigente confisca para sí estos valores tan esenciales para la sociedad, más si está en revolución.
Se suponía que el 57 y 58 constituían las líneas maestras a partir de las cuales se pondría coto al endiosamiento de los periodistas. Así, el presidente Chávez dejaba el balón en el terreno de unos gladiadores con nombre y apellido: Willian Lara, Desirée Santos Amaral, Earle Herrera, Frasco, etc., quienes seguramente debían liderar la redacción de un proyecto de ley del ejercicio del “periodismo”. Parece que estos gladiadores no solamente incumplieron esta misión, sino que José Roberto Duque los denuncia como conspicuos defensores de la actual ley del ejercicio. Dicho de la manera más diáfana: estos legisladores nunca han creído en esos artículos que seguramente defendieron cuando se estructuraba la actual Constitución Nacional. Así de desolador está el panorama. El non plus ultra del chavismo no sólo ha dejado de promover una nueva ley, sino que, por contrario, defiende la actual. Por lo menos deberíamos debatir tales diferencias…¿debate? Palabra innombrable en el patio.
Tanta es la desolación, que nadie puede entender cabalmente hoy qué es libertad de expresión. Incluso los dignos estudiantes de la oposición la entienden como el hecho de que haya medios de comunicación privados al servicio de ellos. ¿No está en deuda el diputado Lara, el ideólogo Lara, el ministro Lara, el revolucionario Lara de proponer que el país debata y llegue a consenso sobre qué carrizos es por fin la libertad de expresión, y que si no es mucho pedir también se aclare qué es el derecho de información y el derecho de opinión? Pero que se conceptualice claramente, no que cada quien lo interprete a su gusto y manera.
Si los artículos 57 y 58 hubieran cobrado vida mediante una ley, a cada rato veríamos hermosas escenas de unos tribunales llenos de periodistas defendiendo sus “verdades”. Dicho sea de paso, las escuelas de periodismo, junto a sus estudiantes, autoridades y profesores, entenderán mejor al mundo cuando digieran una verdad fenomenal: los periodistas no están para ofrecerle a sus lectores sacrosantas verdades, sino para ofrecer simples y verificables versiones de los hechos. Así de simple es el oficio. Así nos evitaríamos ver a reporteros desgañitados al decir que a ellos los quieren joder porque dicen la verdad. Dios se queda pendejo. Un dilema universal resuelto con un lagrimeo lastimero.
Defender una verdad debe ser la cosa más sabrosa de hacer. Debe ser como pelar una mandarina madura. ¿Quién no se atreve a defender la verdad en un tribunal? Por eso es que los tribunales deberían estar colmados de causas en las que los reporteros estén señalados de mentir. Pobres mortales, rebatirle la verdad a un periodista. ¿A cuenta de qué puede un ciudadano corriente y vulgar ir a un tribunal y pretender descalificar la verdad del periodista?
Claro que si de verdad se asumiera que nuestra sociedad está inmersa en un proceso de transformación, nuestros legisladores, incluso, no deberían limitarse a darle cuerpo al derecho a réplica, que dejado en papel puede ser un simple saludo a la bandera.
Si fuera una revolución auténtica, el derecho a réplica debería ser una garantía hasta sus últimas consecuencias: hasta ir al tribunal y hacer el ridículo tratando de demostrar que es mentira la verdad del periodista.
A este respecto, ¿en la misma ley donde venga metido el artículo 57 no debería venir acompañado por una Defensoría Pública de Usuarios de Medios? Sí, sí, un organismo más o menos con el mismo perfil de la Defensoría Pública, mejorando lo presente.
Mira, que el periodista fulano dijo algo de mí que no es verdad, o informó algo sobre mi comunidad o de mi trabajo que tampoco es verdad. Listo, señor, se le ayuda redactar una réplica y con acuse de recibo se le manda al periodista, quien según el 57 debería darle la misma extensión y ubicación, además de disponer de un plazo perentorio para hacerlo.
Que se incumplió una o todas estas condiciones. Ni más faltaba: la Defensoría Pública de Usuarios de Medios tiene abogados que en nombre del ciudadano lesionado hará el respectivo reclamo en tribunales. Lo demás es sencillo: el periodista va y presenta su verdad ante el juez. Con la verdad uno va hasta el infierno a meársele en la cara al diablo.
Una nueva ley, para finalizar, adicionalmente serviría para descrimilanizar a los criminalizados: a los miles de periodistas alternativos que andan batiendo el cobre por todos los espacios del país.
La propia ley, al tiempo que los licencia, también los compromete, porque mucho se me hace que gran parte del periodismo alternativo se está practicando irresponsablemente porque, precisamente, no se sienten determinados por una ley, en tanto todo les está dado y permitido.
Los periodistas alternativos tienen que ser legitimados en una nueva ley que los saque del limbo, que los exponga en sus responsabilidades sociales (el periodismo equilibrado es una responsabilidad social, digo yo).
Así que Venezuela sigue dependiendo de una Ley de Periodismo anacrónica en todas sus formas y anti revolucionaria en su filosofía excluyente, elitesca.
Comenzando por el propio enunciado de la Ley (Ley de Periodismo), que obvia una realidad tan ineludible como que en Venezuela no hay Escuelas de Periodismo sino de Comunicación Social (situación también contradictoria, pues los periodistas no comunican sino que informan). De modo que si quisiéramos dejar la actual ley tal como es, al menos deberíamos llamarla Ley de la Comunicación Social. La Ley de Periodismo excluye a aquellos que siendo egresados de las universidades, no ofician el periodismo. No tiene, pues, anclaje constitucional lo que hoy conocemos como Ley de Periodismo, lo que sería el primer detalle a corregir y excusa potente para que redactemos una nueva que sean tan, pero tan amplia, que gracias a Dios.
La actual Ley de Periodismo tiene las mismas nociones represivas que el demolido Código Orgánico Procesal Penal (COPP), es decir, el agresor es inocente hasta que el inocente demuestre que es inocente y que el otro es el verdadero culpable.
Es una ley discrecional. El periodista y el empresario de medios están completamente facultados para facilitar a su libre albedrío y entendimiento de su ética cómo, cuándo, de qué manera (y si acaso) el derecho a réplica, que entendido así es un derecho relativo: existe pero no existe.
Por eso fue que el legislador redactó el artículo 58 de la Constitución Nacional del 99, para ponerle coto a los desmanes. Pero nuestros periodistas, expertos redactores, no han redactado una ley que instrumente tanto el 58 como el 57, con lo cual incumplen el mandato constitucional, dicho sea de paso. El derecho a réplica de la Ley de Periodismo que tenemos, es un concepto individual que cada periodista venezolano tiene guardado en un cofre.
El artículo 57 se redactó e incluyó en la Carta Magna del 99 como para darle pista a los asambleístas, en el sentido de garantizarle a la población una protección que siempre es vital, pero hoy más que nunca: la libertad de expresión no es un derecho reducido a los periodistas, implica a toda la ciudadanía. Da pena estar recordando esto, pero hay que hacerlo. Libertad de opinar también aplica para todo el mundo. La Ley de Periodismo vigente confisca para sí estos valores tan esenciales para la sociedad, más si está en revolución.
Se suponía que el 57 y 58 constituían las líneas maestras a partir de las cuales se pondría coto al endiosamiento de los periodistas. Así, el presidente Chávez dejaba el balón en el terreno de unos gladiadores con nombre y apellido: Willian Lara, Desirée Santos Amaral, Earle Herrera, Frasco, etc., quienes seguramente debían liderar la redacción de un proyecto de ley del ejercicio del “periodismo”. Parece que estos gladiadores no solamente incumplieron esta misión, sino que José Roberto Duque los denuncia como conspicuos defensores de la actual ley del ejercicio. Dicho de la manera más diáfana: estos legisladores nunca han creído en esos artículos que seguramente defendieron cuando se estructuraba la actual Constitución Nacional. Así de desolador está el panorama. El non plus ultra del chavismo no sólo ha dejado de promover una nueva ley, sino que, por contrario, defiende la actual. Por lo menos deberíamos debatir tales diferencias…¿debate? Palabra innombrable en el patio.
Tanta es la desolación, que nadie puede entender cabalmente hoy qué es libertad de expresión. Incluso los dignos estudiantes de la oposición la entienden como el hecho de que haya medios de comunicación privados al servicio de ellos. ¿No está en deuda el diputado Lara, el ideólogo Lara, el ministro Lara, el revolucionario Lara de proponer que el país debata y llegue a consenso sobre qué carrizos es por fin la libertad de expresión, y que si no es mucho pedir también se aclare qué es el derecho de información y el derecho de opinión? Pero que se conceptualice claramente, no que cada quien lo interprete a su gusto y manera.
Si los artículos 57 y 58 hubieran cobrado vida mediante una ley, a cada rato veríamos hermosas escenas de unos tribunales llenos de periodistas defendiendo sus “verdades”. Dicho sea de paso, las escuelas de periodismo, junto a sus estudiantes, autoridades y profesores, entenderán mejor al mundo cuando digieran una verdad fenomenal: los periodistas no están para ofrecerle a sus lectores sacrosantas verdades, sino para ofrecer simples y verificables versiones de los hechos. Así de simple es el oficio. Así nos evitaríamos ver a reporteros desgañitados al decir que a ellos los quieren joder porque dicen la verdad. Dios se queda pendejo. Un dilema universal resuelto con un lagrimeo lastimero.
Defender una verdad debe ser la cosa más sabrosa de hacer. Debe ser como pelar una mandarina madura. ¿Quién no se atreve a defender la verdad en un tribunal? Por eso es que los tribunales deberían estar colmados de causas en las que los reporteros estén señalados de mentir. Pobres mortales, rebatirle la verdad a un periodista. ¿A cuenta de qué puede un ciudadano corriente y vulgar ir a un tribunal y pretender descalificar la verdad del periodista?
Claro que si de verdad se asumiera que nuestra sociedad está inmersa en un proceso de transformación, nuestros legisladores, incluso, no deberían limitarse a darle cuerpo al derecho a réplica, que dejado en papel puede ser un simple saludo a la bandera.
Si fuera una revolución auténtica, el derecho a réplica debería ser una garantía hasta sus últimas consecuencias: hasta ir al tribunal y hacer el ridículo tratando de demostrar que es mentira la verdad del periodista.
A este respecto, ¿en la misma ley donde venga metido el artículo 57 no debería venir acompañado por una Defensoría Pública de Usuarios de Medios? Sí, sí, un organismo más o menos con el mismo perfil de la Defensoría Pública, mejorando lo presente.
Mira, que el periodista fulano dijo algo de mí que no es verdad, o informó algo sobre mi comunidad o de mi trabajo que tampoco es verdad. Listo, señor, se le ayuda redactar una réplica y con acuse de recibo se le manda al periodista, quien según el 57 debería darle la misma extensión y ubicación, además de disponer de un plazo perentorio para hacerlo.
Que se incumplió una o todas estas condiciones. Ni más faltaba: la Defensoría Pública de Usuarios de Medios tiene abogados que en nombre del ciudadano lesionado hará el respectivo reclamo en tribunales. Lo demás es sencillo: el periodista va y presenta su verdad ante el juez. Con la verdad uno va hasta el infierno a meársele en la cara al diablo.
Una nueva ley, para finalizar, adicionalmente serviría para descrimilanizar a los criminalizados: a los miles de periodistas alternativos que andan batiendo el cobre por todos los espacios del país.
La propia ley, al tiempo que los licencia, también los compromete, porque mucho se me hace que gran parte del periodismo alternativo se está practicando irresponsablemente porque, precisamente, no se sienten determinados por una ley, en tanto todo les está dado y permitido.
Los periodistas alternativos tienen que ser legitimados en una nueva ley que los saque del limbo, que los exponga en sus responsabilidades sociales (el periodismo equilibrado es una responsabilidad social, digo yo).
